Canal interno de información: obligación de la Ley 2/2023 para empresas
Cuándo una empresa necesita Sistema interno de información y cómo separar canal, confidencialidad, gestión y protección frente a represalias.
El umbral general del sector privado es de cincuenta personas trabajadoras
El artículo 10 de la Ley 2/2023 obliga a disponer de un Sistema interno de información a las personas físicas o jurídicas del sector privado con cincuenta o más trabajadores. Determinadas entidades de sectores regulados están obligadas con independencia del número de trabajadores.
El sistema es más que un buzón
La ley exige una arquitectura de recepción, gestión y protección. Debe permitir comunicaciones dentro de su ámbito, preservar confidencialidad, definir un responsable del sistema y contar con un procedimiento de gestión aprobado por el órgano competente.
Protección frente a represalias
La finalidad central es que las personas comprendidas en el ámbito legal puedan informar de infracciones sin sufrir represalias cuando reúnen los requisitos de protección. Las decisiones de RRHH posteriores a una comunicación deben contar con trazabilidad reforzada para distinguir razones legítimas de una posible represalia.
Privacidad y acceso
Limita el acceso a las personas autorizadas, aplica plazos de conservación y reglas de protección de datos y evita convertir el canal en un archivo general de conflictos laborales. Si una comunicación corresponde a acoso, prevención o una cuestión laboral ordinaria, coordina la derivación sin perder confidencialidad ni garantías.
Canales externos siguen existiendo
Disponer de canal interno no elimina los canales externos ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante u otras autoridades competentes en función de la materia. La política interna no debe presentarse como vía obligatoria exclusiva para denunciar una infracción.
Esta guía es información general. Sectores financieros, prevención de blanqueo, transporte, medio ambiente y otros ámbitos pueden tener obligaciones adicionales.