¿Puedo divorciarme ante notario? Divorcio de mutuo acuerdo sin juicio en España
Sí, si ambos cónyuges están de acuerdo, han pasado tres meses desde la boda y no hay hijos menores no emancipados ni hijos mayores con medidas de apoyo judiciales atribuidas a los padres. Se firma un convenio regulador en escritura pública, con abogado y en persona.
Sí. Desde la reforma de 2015, los cónyuges que están de acuerdo pueden divorciarse en España sin pasar por el juzgado, firmando un convenio regulador en escritura pública ante notario (o ante el letrado de la Administración de Justicia). Esta vía solo está abierta si se cumplen tres condiciones: que haya acuerdo de ambos, que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio y que no existan hijos menores no emancipados ni hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Si hay hijos en esa situación, el divorcio tiene que decretarlo un juez, aunque los cónyuges estén plenamente de acuerdo.
La regla: qué dice el Código Civil
El artículo 87 del Código Civil permite a los cónyuges acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante un convenio regulador formulado ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante notario, con la forma, el contenido y los requisitos del artículo 82. Ese artículo 82 exige:
- Que hayan pasado tres meses desde la celebración del matrimonio.
- Una voluntad inequívoca de poner fin al matrimonio, recogida en el convenio.
- Que los cónyuges intervengan de modo personal en el otorgamiento, prestando su consentimiento ante el notario o el letrado de la Administración de Justicia.
- Que estén asistidos por letrado en ejercicio (un abogado colegiado).
- Que los hijos mayores de edad o menores emancipados que carezcan de ingresos propios y convivan en el domicilio familiar presten también su consentimiento respecto de las medidas que les afecten.
El apartado 2 del artículo 82 excluye esta vía cuando existan hijos en la situación del artículo 81: hijos menores no emancipados o hijos mayores con medidas de apoyo establecidas judicialmente y atribuidas a los padres. El artículo 54 de la Ley del Notariado repite estos requisitos y concreta qué notario es competente: el del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los dos cónyuges. Los cónsules y diplomáticos españoles, aunque ejercen funciones notariales en el extranjero, no pueden autorizar escrituras de divorcio.
Qué debe contener el convenio regulador
El artículo 90 del Código Civil enumera lo que el convenio debe regular, al menos y siempre que sea aplicable:
- La atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.
- La contribución a las cargas y los alimentos, con sus bases de actualización y garantías.
- La liquidación del régimen económico del matrimonio cuando proceda (por ejemplo, la sociedad de gananciales).
- La pensión compensatoria del artículo 97, si a uno de los cónyuges el divorcio le produce un desequilibrio económico. En el convenio deben fijarse la periodicidad, la forma de pago, las bases de actualización, la duración o el momento de cese y las garantías.
- El destino de los animales de compañía, el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado y las cargas asociadas a su cuidado.
El notario no se limita a dar fe de lo que se le presenta. Si considera que algún acuerdo puede ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges, para los hijos mayores o emancipados afectados o para el bienestar de los animales de compañía, debe advertirlo y dar por terminado el expediente. En ese caso los cónyuges ya solo pueden acudir al juez para que apruebe su propuesta de convenio.
Cuándo produce efectos y qué se puede exigir después
Según el artículo 89 del Código Civil, el divorcio ante notario produce efectos desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges en la escritura pública. Frente a terceros de buena fe, sin embargo, solo produce efectos desde su inscripción en el Registro Civil, por lo que conviene comprobar que la inscripción se realiza.
Lo pactado en la escritura no es una simple promesa: el artículo 90.2 dispone que, desde el otorgamiento de la escritura, los acuerdos pueden hacerse efectivos por la vía de apremio, es decir, ejecutarse si el otro no cumple (por ejemplo, si deja de pagar la pensión compensatoria). Y si las circunstancias cambian, las medidas convenidas ante notario pueden modificarse con un nuevo acuerdo sujeto a los mismos requisitos (art. 90.3).
Excepciones: cuándo hay que ir al juzgado
Hay que acudir al tribunal en tres situaciones:
- Hay hijos menores no emancipados o hijos mayores con medidas de apoyo judiciales atribuidas a los progenitores. El divorcio de mutuo acuerdo se tramita por el procedimiento del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A la solicitud se acompaña la certificación de la inscripción del matrimonio, las de nacimiento de los hijos y la propuesta de convenio regulador. Cada cónyuge debe ratificarse por separado, el Ministerio Fiscal informa sobre los términos que afectan a los hijos y el tribunal dicta sentencia. Ambos cónyuges pueden valerse de un solo abogado y un solo procurador (art. 750.2 LEC). Es competente el juzgado del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes (art. 769.2 LEC).
- No hay acuerdo. Uno solo de los cónyuges puede pedir el divorcio al juez, también transcurridos tres meses desde la boda (arts. 81 y 86 CC). El plazo de tres meses no se exige para presentar la demanda cuando se acredita un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante, de los hijos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
- El notario ha rechazado algún acuerdo por considerarlo dañoso o gravemente perjudicial. Entonces solo queda la aprobación judicial del convenio.
Ejemplo práctico
Laura y Andrés se casaron hace seis años, no tienen hijos y viven en Zaragoza. Están de acuerdo en divorciarse: Laura se queda en la vivienda, que es privativa suya, y liquidan la sociedad de gananciales repartiendo el saldo de la cuenta común y el coche. Andrés, que redujo su jornada durante años para ocuparse de la casa, recibirá una prestación única como compensación por desequilibrio. Cada uno contacta con un abogado, que redacta el convenio regulador. Acuden a una notaría de Zaragoza (último domicilio común), firman en persona y, desde ese momento, están divorciados. Después comprueban que el divorcio queda inscrito en el Registro Civil. Si en cambio tuvieran un hijo de diez años, tendrían que presentar el convenio ante el juzgado y esperar a la sentencia, aunque estuvieran plenamente de acuerdo.
Qué hacer, paso a paso, y cuándo consultar a un abogado
Antes de pedir cita en la notaría, reúnan la documentación básica: DNI o NIE, certificado literal de matrimonio, documentación de la vivienda y de los bienes que se van a repartir, y, si existen, las capitulaciones matrimoniales. El abogado es obligatorio en el otorgamiento, de modo que no es posible hacerlo sin asistencia letrada. Conviene que cada cónyuge valore si quiere su propio abogado, especialmente cuando hay patrimonio que repartir o pensión compensatoria, porque lo que se firme se puede ejecutar por la vía de apremio.
Consulte con un abogado con especial cuidado si hay inmuebles hipotecados, empresas o deudas comunes, si uno de los cónyuges reside en el extranjero o el matrimonio tiene elementos internacionales, o si alguno de los hijos mayores sigue dependiendo económicamente de los padres. En las comunidades autónomas con derecho civil propio (por ejemplo, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia o Baleares) el régimen económico matrimonial y algunos efectos del divorcio pueden regirse por su normativa, que este artículo no analiza. Los honorarios del notario y del abogado y la fiscalidad del reparto de bienes tampoco se tratan aquí: pida presupuesto antes de empezar.