Producto o servicio ilegal en un marketplace: aviso a compradores según el artículo 32 DSA

Qué obliga a comunicar el artículo 32 DSA cuando un marketplace conoce que un comerciante vendió un producto o servicio ilegal, incluida la ventana de seis meses.

El artículo 32 DSA crea un derecho de información posterior a la compra

Cuando un proveedor de una plataforma en línea que permite a consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes llega a saber que un comerciante ofreció a consumidores situados en la Unión un producto o servicio ilegal a través de la plataforma, el artículo 32 del Reglamento de Servicios Digitales exige una actuación informativa específica. No basta con retirar silenciosamente la oferta si existen compradores afectados que puedan ser identificados.

Qué debe comunicar la plataforma

Si dispone de los datos de contacto, la plataforma debe informar al consumidor de tres elementos: que el producto o servicio es ilegal, la identidad del comerciante y los medios de reparación pertinentes. La norma no convierte automáticamente a la plataforma en responsable material de toda ilegalidad, pero sí impone esta obligación de información dentro de su ámbito.

La obligación directa mira seis meses hacia atrás

El artículo 32.1 limita el deber de contacto directo a las compras del producto o servicio ilegal realizadas durante los seis meses anteriores al momento en que la plataforma tuvo conocimiento de la ilegalidad. Por eso es importante documentar cuándo se obtuvo ese conocimiento y conservar una trazabilidad suficiente de las transacciones.

Si faltan datos de contacto debe publicarse la información

Cuando la plataforma no tenga datos de contacto de todos los consumidores afectados, el artículo 32.2 exige hacer pública y fácilmente accesible en la interfaz la información sobre el producto o servicio ilegal, la identidad del comerciante y los medios de reparación pertinentes. Esta publicación complementa, no sustituye, el contacto directo con quienes sí pueden identificarse.

DSA y seguridad de productos pueden activarse a la vez

Si la ilegalidad consiste en un problema de seguridad de producto, el Reglamento (UE) 2023/988 añade obligaciones específicas para marketplaces, operadores económicos, avisos de seguridad y retiradas. Deben revisarse ambos marcos y cualquier legislación sectorial aplicable al producto.

Evidencia que conviene conservar

Registra la oferta afectada, vendedor, producto, fecha en que se conoció la ilegalidad, compradores dentro de la ventana relevante, comunicaciones enviadas, publicación pública cuando proceda y medidas de reparación comunicadas. Una auditoría posterior debería poder reconstruir por qué y cuándo se activó el artículo 32.

Esta guía ofrece información general. La calificación de un producto o servicio como ilegal depende de la norma material infringida y puede requerir valoración especializada.

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