Trabajadores de ETT: responsabilidades de la ETT y de la empresa usuaria
Cómo se reparten formación, información, seguridad, salario y disciplina entre una ETT y la empresa usuaria.
La relación reparte obligaciones, no la protección
Las personas puestas a disposición por una empresa de trabajo temporal deben disfrutar del mismo nivel de protección en seguridad y salud que el resto de personas de la empresa usuaria. El artículo 28 de la Ley 31/1995 y la Ley 14/1994 reparten funciones entre ETT y usuaria.
Antes de la puesta a disposición
La empresa usuaria debe facilitar información sobre características del puesto, cualificaciones necesarias y riesgos. La ETT debe asegurarse de que la persona posee la formación teórica y práctica preventiva necesaria y, si no, impartirla antes de la prestación efectiva.
Durante el trabajo
La empresa usuaria es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en lo relativo a seguridad y salud y debe informar directamente a la persona sobre riesgos del puesto y medidas de protección y prevención antes de comenzar. También debe informar a su representación sobre la adscripción de personal de ETT.
Salario y Seguridad Social
La Ley 14/1994 atribuye a la ETT las obligaciones salariales y de Seguridad Social respecto de las personas que contrata para puesta a disposición. La empresa usuaria puede asumir responsabilidades subsidiarias o, en determinados incumplimientos del contrato de puesta a disposición, solidarias conforme a la ley.
Disciplina
Aunque la usuaria dirige la actividad en el centro, la facultad disciplinaria corresponde a la ETT en los términos legales. Si la usuaria aprecia un incumplimiento contractual debe ponerlo en conocimiento de la ETT, no crear un sistema paralelo de sanciones empresariales.
Control previo
Antes de incorporar personal de ETT verifica causa legal de puesta a disposición, puesto, riesgos, formación, información, coordinación preventiva, representantes y documentación. No utilices ETT para trabajos legalmente excluidos.
Esta guía es información general. La validez de la puesta a disposición depende de la causa, actividad y normativa aplicable.