Bases jurídicas del RGPD en España: cómo elegir la base correcta para tratar datos
Guía práctica para identificar y documentar la base jurídica correcta de un tratamiento de datos en España conforme al artículo 6 RGPD.
Todo tratamiento necesita una base jurídica identificable
El artículo 6.1 del RGPD exige que el tratamiento de datos personales se apoye en al menos una de las bases previstas por el Reglamento. En una empresa española esto significa que no basta con decir que los datos son “necesarios para el negocio”: hay que identificar la finalidad concreta, la base jurídica aplicable y documentar por qué encaja antes de iniciar el tratamiento.
El consentimiento es solo una de seis bases
El artículo 6.1 contempla consentimiento, ejecución de un contrato o medidas precontractuales solicitadas por la persona, cumplimiento de una obligación legal, protección de intereses vitales, misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos e interés legítimo. Elegir consentimiento por defecto puede ser incorrecto cuando la operación depende realmente de un contrato o de una obligación legal.
Contrato no cubre cualquier uso comercial
La base contractual del artículo 6.1.b exige que el tratamiento sea objetivamente necesario para ejecutar un contrato con la persona o para adoptar, a petición de ésta, medidas precontractuales. Que una finalidad sea conveniente para monetizar, analizar o mejorar un servicio no la convierte automáticamente en necesaria para ejecutar el contrato.
La obligación legal debe poder concretarse
Cuando se utiliza el artículo 6.1.c, el responsable debe ser capaz de identificar la obligación jurídica que exige el tratamiento. Contabilidad, fiscalidad, prevención del blanqueo, empleo o conservación documental pueden imponer tratamientos específicos, pero su alcance depende de la norma sectorial aplicable y no autoriza usos incompatibles adicionales.
El interés legítimo exige ponderación real
El artículo 6.1.f permite ciertos tratamientos necesarios para intereses legítimos del responsable o de un tercero siempre que no prevalezcan los intereses o derechos y libertades de la persona, especialmente cuando sea menor. Documenta el interés perseguido, necesidad, expectativas razonables, impacto, salvaguardas y posibilidad de oposición. No lo trates como una cláusula residual automática.
La base jurídica afecta a derechos y transparencia
Los artículos 13 y 14 obligan a informar de la base jurídica; cuando sea interés legítimo, también de los intereses perseguidos. La base influye además en derechos como oposición y portabilidad. Cambiar de base después de haber recogido los datos puede alterar las expectativas de la persona y requiere un análisis específico, no una simple edición de la política de privacidad.
Crea una matriz finalidad-base y mantenla alineada con el RAT
Una práctica robusta es mapear cada finalidad a categorías de datos, interesados, destinatarios, conservación, base jurídica y salvaguardas, y mantener esa información coherente con el Registro de Actividades de Tratamiento. Revisa la matriz cuando cambie el producto, aparezca un nuevo proveedor o se reutilicen datos para una finalidad distinta.
Aviso legal
Esta guía ofrece información general y no sustituye un análisis jurídico del tratamiento concreto. Las categorías especiales de datos, datos penales, menores y tratamientos regulados sectorialmente pueden requerir condiciones adicionales.