Compra a una empresa de otro país de la UE: ayuda en reclamaciones transfronterizas

Qué apoyo prevé el artículo 43 de la Ley 7/2017 para consumidores con litigios frente a empresas establecidas en otro Estado miembro y cómo cambia el cierre de ODR.

Un litigio transfronterizo tiene una definición específica

La Ley 7/2017 considera transfronterizo, en términos generales, el litigio contractual de consumo en el que el consumidor residía en un Estado miembro distinto de aquel en el que estaba establecido el empresario cuando realizó el pedido. Identificar correctamente el establecimiento del empresario es importante antes de elegir la vía de reclamación.

El Centro Europeo del Consumidor puede prestar asistencia

El artículo 43 atribuye al Centro Europeo del Consumidor asistencia y ayuda para que los consumidores accedan a una entidad acreditada competente establecida en otro Estado miembro y también en relación con las resoluciones emitidas por esas entidades.

Puede existir acceso complementario a una entidad de otro Estado

El artículo 44 prevé que, si no existe en España una entidad RAL acreditada competente para cierto tipo de litigio, de forma complementaria se facilite el acceso a una entidad incluida en el listado europeo y establecida en otro Estado miembro que cubra a empresarios de distintos Estados.

La antigua plataforma ODR ya no es la vía

El artículo 43 conserva una referencia histórica al antiguo punto de contacto ODR, pero el Reglamento (UE) 2024/3228 discontinuó la plataforma y derogó el Reglamento 524/2013 con efectos desde el 20 de julio de 2025. Las reclamaciones actuales deben orientarse por los canales RAL y de asistencia que sigan operativos.

Prepara un expediente claro

Reúne confirmación de pedido, identidad del empresario, factura, prueba de pago, condiciones, comunicaciones de reclamación y una cronología breve. En litigios transfronterizos pueden ser importantes además la ley aplicable, jurisdicción y normas imperativas de protección del consumidor.

Esta guía es información general. Conflictos sobre cantidades elevadas o plazos judiciales próximos requieren asesoramiento específico para no perder acciones.

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