Procedimiento RAL de consumo: plazo máximo de 90 días y prórroga por complejidad
Cómo calcula el artículo 20 de la Ley 7/2017 el plazo máximo ordinario de 90 días naturales en procedimientos RAL y cuándo puede existir una prórroga motivada.
El artículo 20 fija un plazo máximo ordinario
La Ley 7/2017 dispone que el resultado del procedimiento de resolución alternativa debe darse a conocer a las partes dentro de un máximo de noventa días naturales. El punto de inicio es la presentación de la reclamación o, cuando corresponda, la fecha en la que conste en soporte duradero que se recibió la documentación completa necesaria para tramitarla.
Una reclamación completa necesita los datos mínimos
El propio artículo 20 considera completa la reclamación cuando se acompaña de los datos y documentos mínimos necesarios para tramitar el expediente. Esto explica por qué una entidad puede solicitar factura, contrato, comunicaciones previas, justificante de pago y descripción concreta de la pretensión antes de considerar completo el expediente.
Los asuntos especialmente complejos pueden prorrogarse
Cuando exista especial complejidad, el plazo puede ampliarse, pero la prórroga no puede superar el plazo previsto para resolver el litigio y debe comunicarse motivadamente a las partes. No es una autorización para retrasos indefinidos sin explicación.
La resolución debe notificarse en soporte duradero
El artículo 21 exige que la decisión, propuesta o acta de acuerdo amistoso que ponga fin al procedimiento esté motivada y sea notificada por escrito o en otro soporte duradero. Conviene guardar tanto la reclamación completa como la notificación final.
Algunos sistemas sectoriales o arbitrales tienen reglas específicas
La Ley 7/2017 establece estándares del marco acreditado, pero un sistema concreto puede tener fases, admisión, mediación o arbitraje con reglas propias. Antes de calcular una fecha final revisa el reglamento de la entidad competente y si existe una normativa sectorial especial.
Esta guía es información general. Un plazo RAL no debe confundirse con los plazos de prescripción o caducidad para ejercitar derechos judiciales.